El Estado Boliviano es responsable por impunidad en feminicidios

El terrible caso del asesinato de María Isabel Pilco por su pareja, David Vizcarra, sigue en la memoria de las mujeres en Bolivia po...




El terrible caso del asesinato de María Isabel Pilco por su pareja, David Vizcarra, sigue en la memoria de las mujeres en Bolivia por los vicios del proceso judicial que generaron la absolución del culpable.

A María Isabel Pilco la mató su pareja David Viscarra, murió después de 12 días por hemorragia interna debido a los golpes propinados no sin antes denunciar a su agresor. Después de cuatro años el caso sigue en la impunidad debido a una serie de negligencias de los operadores de justicia que tan solo evidencian el profundo sistema patriarcal que opera en el Estado Nacional.

El brazo operativo del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres conocido como Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad tuvo su tercera sesión este jueves 29 de noviembre donde impuso una sanción moral y social en contra del Estado Plurinacional por la múltiple vulneración de los derechos en el caso del feminicidio de Pilco por parte de los operadores de justicia.

La anulación de varias pruebas que incluyen la propia declaración de la víctima y el informe del médico forense emitido por el perito del IDIF, la dilación de inspecciones oculares y audiencias, además del acoso y hostigamiento a los familiares de la víctima como también la represión a las activistas que daban seguimiento a este caso, figuran entre los 11 puntos de la resolución en el marco del ejercicio efectivo del control social – establecido en la Constitución Política del Estado (CPE)- sobre una de las problemáticas más graves que se vive en Bolivia: la violencia contra las mujeres.

 “El Caso Pillco pone en evidencia como está el sistema de justicia en Bolivia, es el mejor indicador de como el Estado parte no cumple con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (DDHH)”, recalcó Sillerico, parte del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.

La abogada Audalia Zurita, quien también estuvo presente junto al padre de María Isabel, Víctor Pillco, adelantó que se encuentran a la espera de que el caso vuelva a foja cero para reiniciar el juicio que se encuentra en la sala penal cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.

Según explica Zurita, ya se realizó la audiencia de fundamentación del recurso de apelación presentado y se encuentran a la espera del sorteo para que los vocales se pronuncien.

Pilco había denunciado dos años antes a su agresor, como también lo hizo horas antes de morir, Vizcarra además de golpearla constantemente la humillaba y la tuvo secuestrada durante horas sin poder comunicarse ni pedir auxilio.

El pasado año 2017, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de La Paz conformado por los jueces técnicos José Quiroga e Iván Perales absolvió a Vizcarra rechazando todas las pruebas presentadas pero además insinuaron que la víctima había sido golpeada en una fiesta, el juicio tuvo muchos testimonios que mellaban la dignidad de la víctima apelando a arquetipos conservadores y patriarcales sobre su accionar y su vida privada.

“Este caso evidencia toda la estructura patriarcal que tenemos en el sistema judicial que no toma en cuenta las historias de violencias de las víctimas de feminicidio en un sistema que tiene todo su andamiaje institucional induciendo a las víctimas a la conciliación”, comentaba, Patricia Brañez, una de las veedoras invitadas.

Brañez denunció que existe todo un sistema cómplice de los agresores que es ineficiente para las mujeres y muestra un tráfico de influencias con sesgos de géneros en todas sus instancias.

El Tribunal conformado por Sonia Montaño, socióloga feminista, Freddy Huaraz, especialista en género y Ximena Galarza, y periodista, sesionó por tercera vez abogando por el respeto hacia las mujeres.

También estuvieron presentes como veedoras María Eugenia Rojas, representante de la Red Latinoamericana por la Democracia,  Fanny Nina,  lidereza del Municipio de El Alto,  Marcela Molina, representante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Mónica Paye, concejala de Pacajes, Lola Gutiérrez, representante del Colectivo Territorio Feminista, y Patricia Brañez,  representante de CLADEM en Bolivia.

“El tribunal se ha constituido en uno de los pocos espacios de denuncia pública sobre la impunidad y la injusticia que hay en Bolivia. Para nosotros es un tema vital poder contribuir a que este tribunal sesione por tercera vez considerando que no ha habido avances en este caso que es emblemático porque representa todos los hechos de violencia contra la mujer que siguen en procesos judiciales sin sentencia”, señaló la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui, que también fue parte del espacio que busca potenciar la articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) además de la exigibilidad de Derechos Humanos de las mujeres.

La sentencia del Tribunal de las Mujeres Contra la Impunidad interpela al Estado y a la Sociedad Civil para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en Bolivia.




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