Las responsabilidades del ministro Arce Zaconeta

Raúl Peñaranda (Tomado de Página Siete) Héctor Arce tiene importantes responsabilidades. El ministerio a su cargo es cualitativamente ...

Raúl Peñaranda (Tomado de Página Siete)

Héctor Arce tiene importantes responsabilidades. El ministerio a su cargo es cualitativamente distinto a los demás. Si otros ministros realizan tareas eminentemente partidarias, lo que es también criticable, es menos tolerable que lo haga quien tiene a su cargo la cartera de Justicia.

Justamente porque busca que en el país haya “justicia”, ese ministerio es tan sensible. Sus objetivos, entre otros, son: “implementar programas y proyectos para el acceso de las personas a la justicia” y “promover el ejercicio, la protección, el acceso, y la restitución de los derechos fundamentales de las personas”.

Lamentablemente, Arce ve su cargo como de tipo esencialmente político que busca la perpetuación en el Gobierno y para ello tiene que violar, forzar y eludir lo establecido por la Constitución, las leyes, y los acuerdos internacionales. Como integrante de un régimen de tendencia autoritaria es lógico que así sea, pero ¿no debería su rol ser diferente?

En otros países de la región, el Ministro de Justicia es un actor que busca tener relaciones equidistantes con jueces, fiscales, policías, autoridades y ciudadanos. Y, en ese sentido, algunos de ellos logran un espacio de acción que les permite, por ejemplo, criticar las decisiones del Ejecutivo, dudar de las conclusiones a las que llegan investigadores policiales y criticar a los operadores de justicia cuando se violan los derechos fundamentales de las personas.

No en Bolivia, evidentemente. Si en la teoría, y según lo que establecen las normas, éste debería ser casi un Defensor del Pueblo, en los hechos es simplemente un engranaje más para defender y ojalá acrecentar el poder del presidente Evo Morales.

Analizando algunos casos que tienen que ver con la justicia en Bolivia, el ministro Arce ha actuado como si él fuera canciller o tuviera cualquier otro cargo en el gabinete. Pareciera que no está consciente de cuál es su verdadera función establecida por ley y que él prometió cumplir, y hacer cumplir.

Por ejemplo, avaló que Zvonko Matkovic permaneciera en prisión sin que existiera una sola prueba en su contra. Como el Gobierno no puede admitir que el caso del hotel Las Américas es un tongo, entonces su ministerio no actuó para promover que se les diera libertad a él y a los otros dos acusados que siguen en la cárcel, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

Tan distorsionados están los derechos en el país, que incluso hay que alegrarse de que Matkovic esté ahora con detención domiciliaria. Pero no libre. Fue acusado en 2010 por haber mantenido una llamada de celular de 20 segundos con Eduardo Rózsa, quien fue después ejecutado extrajudicialmente junto a otros dos ciudadanos extranjeros. No se sabe de qué hablaron en ese lapso, pero en 20 segundos no se planifican actos terroristas. Y estuvo ocho años preso por eso.

En su caso el Estado no puede demostrar que son culpables, pero Héctor Arce se niega a reconocerlo. En la misma situación está el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien va a cumplir en breve 10 años detenido sin una sentencia firme. Se le ha arrebatado una década de su vida en la que pudo haberse defendido en libertad. Y tampoco el Estado ha podido probar que él hubiera sido responsable de ordenar que se disparara contra una columna de marchistas organizados por el MAS.

No todo es político, evidentemente. Hace poco el médico Jhiery Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber supuestamente violado y, a causa de ello, provocado la muerte del bebé Alexander. Policías que analizaron el caso dijeron que las pesquisas se habían realizado erradamente y que no se podía asegurar que el médico hubiera cometido el crimen. La jueza Patricia Pacajes reconoció que se dictó la sentencia sin que se hubieran analizado “pruebas científicas”. Las muestras de antígeno prostático que se hallaron en el cuerpo del bebé no correspondían a las de Fernández y la sangre encontrada no era la de él.

¿Qué ha hecho en este caso el ministro Arce? Enfatizar la injusticia. No pidió que las audiencias fueran públicas, por ejemplo, ni buscó asegurarse de que el acusado fuera juzgado en base a pruebas, como aprenden los estudiantes de derecho que debería ser. También por la presión de la sociedad fue acusado de feminicidio William Kushner, cuando todas las evidencias indican que se trató, a lo máximo, de un homicidio culposo tras la muerte de su exnovia en un hecho de tránsito.

Al contrario de eso, al ser liberados ocho cocaleros acusados de haber asesinado a tres policías, Arce mira para un costado. No le importa que los culpables estén libres y los inocentes, detenidos.

Estos son sólo los ejemplos más notorios. Los más tristes son los miles de anónimos que atestan las cárceles del país. El porcentaje de detenidos sin sentencia es el más alto de la región, el hacinamiento carcelario es el octavo más elevado del mundo, los presos más violentos dominan el interior de las cárceles, la retardación de justicia es enervante y la corrupción de jueces, y fiscales y su sometimiento al Gobierno es la peor de nuestra historia. Pero Arce cree que es canciller.

* Raúl Peñaranda U. es periodista. Twitter: RaulPenaranda1

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