La perversión del derecho como instrumento de persecución política (i)*

Por:  Hernando Calla   “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley” (Kurt Weyland, 2013) A la salida de la audiencia de me...

 
“Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley” (Kurt Weyland, 2013)

A la salida de la audiencia de medidas cautelares a Soledad Chapetón, la Warmi Alcaldesa de la ciudad de El Alto, la multitud que se había congregado para apoyarla y las activistas que se habían solidarizado con ella por el acoso y persecución política de que es víctima coreaba al unísono: ¡Esto no es justicia, es persecución! ¡Esto no es justicia, es persecución! ¡Esto no es justicia…!

Aunque la audiencia se prolongó (con un cuarto intermedio a medianoche) hasta el día siguiente, el gobierno no consiguió su objetivo de detención preventiva para la alcaldesa mediante solicitud expresa del Viceministro de Justicia Diego Jiménez para que la juez anticorrupción asignada a conocer el caso de “incumplimiento de deberes” y “daño económico al Estado” contra Chapetón imponga dicha medida cautelar a la autoridad edilicia. Si bien “la Sole” continúa en libertad y podrá seguir ejerciendo sus funciones como alcaldesa, como medida precautoria para evitar “riesgo de fuga” y “obstaculización de la justicia”, ella debía ofrecer dos garantes y presentarse a la fiscalía cada 15 días para firmar constancia de cumplimiento de su arraigo en el país decretado por la juez anticorrupción.

Los casos de instrumentalización del derecho para perseguir y defenestrar autoridades y políticos opositores por parte del partido gobernante se remontan a los primeros años del gobierno de Evo Morales. Si bien esta persecución judicial empezó muy tempranamente (al menos desde 2008) contra autoridades departamentales o municipales de la llamada “media luna” (Leopoldo Fernández de Pando, Rubén Costas de Santa Cruz, Mario Cossío de Tarija, Manfred Reyes Villa de Cochabamba, José Luis Paredes en La Paz, sólo para nombrar los más poderosos a nivel departamental), la misma no fue percibida como tal por amplios sectores sociales, toda vez que los diversos casos por los que se enjuiciaba a varias de estas autoridades parecían surgir justificadamente de las promesas electorales de Evo Morales para combatir la corrupción apañada por los partidos tradicionales que se habían turnado en el poder en las pasadas décadas.

Por lo mismo, tampoco la mayoría percibe como persecución política el proceso judicial contra el alcalde José María Leyes de Cochabamba; el caso del sobreprecio en las “mochilas escolares” huele fuertemente a corrupción institucionalizada como para que la ciudadanía menos informada cuestione la legitimidad de la detención primero preventiva y luego domiciliaria del alcalde Leyes quien, con tal motivo, dejó de serlo. Lo que no percibe es que se trata de una naturalización de la detención preventiva en todo el funcionamiento del sistema judicial (según las estadísticas oficiales, más del 80% de los detenidos en las cárceles del país lo son preventivamente y no porque hayan sido encontrado culpables de los delitos cometidos) que para los casos de autoridades electas como son los alcaldes y gobernadores resulta totalmente inapropiada pues atenta contra la continuidad de las gestiones municipales o departamentales, es generalmente injustificada pues se trata de personas con trayectoria política, carrera profesional y patrimonio económico, y sobre todo políticamente aberrante toda vez que mediante la simple imputación de un fiscal a quien nadie eligió se puede impedir la continuidad de una autoridad que está ejerciendo legítimamente el cargo para el que fue elegida.

Es cada vez más evidente que el acoso político del oficialismo contra políticos de la oposición recrudecerá frente a la coyuntura electoral que se avecina en esta etapa terminal del “proceso de cambio”, particularmente contra aquellos opositores que tienen alguna posibilidad de hacerle frente o proyectar alguna sombra que amenace al caudillo único. Si bien los innumerables procesos contra Samuel Doria Medina, Rubén Costas, Ernesto Suarez y Luis Revilla han hecho noticia en varios momentos del acontecer político nacional, estos políticos no llegan a quitarles el sueño a los masistas toda vez que las encuestas preelectorales no muestran ningún favoritismo a sus potenciales candidaturas opositoras.

Por lo visto, el único político “tradicional” que parece quitarles el sueño es el ex presidente Carlos Mesa. Sólo así puede entenderse los casos de acoso político judicial a los que ha sido sometido últimamente, primero por el caso de supuestos sobornos en un contrato vial con la empresa brasileña Camargo Correa acordado durante su gestión pero nunca ejecutado por su gobierno, y segundo por un decreto de nacionalización de concesiones mineras ilegalmente obtenidas por la empresa Non Metallic Minerals – Quiborax, decreto emitido por el gobierno de Carlos Mesa aunque formalmente abrogado por el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Luego de pagar $ 42,6 millones a los demandantes después de una sinuosa y sospechosa negociación con los abogados chilenos de NMM, la Procuradoría General pretende acusar a Mesa por haber actuado ilegalmente y causado daño económico al Estado con ese decreto tempranamente nacionalizador de 2004, aparentemente para ocultar su propia y desastrosa defensa del caso ante la CIADI. No obstante, lo principal sigue siendo la inhabilitación de Mesa como potencial candidato de una hipotética coalición opositora unificada.

Lo que más parece preocuparles a los masistas es la aparición de nuevos líderes no tradicionales que provengan de los sectores populares y que pudieran proyectar alguna sombra hacia el caudillo “insustituible” del MAS. El reciente intento por defenestrar a la Sole en El Alto es una prueba de ello. Otro caso similar fue el virtual derrocamiento de Joaquino en Potosí. Aunque actualmente aliado del oficialismo y representante potosino en el Senado por el MAS, el enjuiciamiento del ex alcalde de Potosí René Joaquino en 2013 por supuesto daño económico al Estado por la compra de algún equipamiento a medio uso (y por tanto más barato) para las labores usuales de un municipio, es paradigmático de este uso instrumental de la justicia para defenestrar autoridades elegidas por el voto popular con fines de copamiento oficialista de los espacios de poder departamental y/o municipal.

LA PERVERSIÓN DEL DERECHO COMO INSTRUMENTO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA (II)*

El caso más emblemático de perversión de la justicia en Bolivia es el juicio que el Estado boliviano lleva adelante contra 12 personas acusadas con cargos de “terrorismo-separatismo” por su supuesta complicidad con el propósito de alzamiento armado de un grupo irregular desarticulado violentamente en Santa Cruz. Tiene relación con los hechos del 16 de abril de 2009 ocurridos en la intervención de un grupo policial de elite en el Hotel de las Américas, donde fueron asesinados extrajudicialmente el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa-Flores, el irlandés Michael Dwyer y el también húngaro Árpád Magyarosi.

Según testigos de las audiencias que ya llevan más de 8 años, la presentación por parte de los fiscales del régimen de los supuestos indicios e hipótesis conspirativas fue aberrante por la contaminación, suplantación y siembra de pruebas falsas. Entre otras razones, porque este juicio fue abierto en La Paz, se trasladó a Cochabamba y otros departamentos y recién en su última fase fue devuelto a Santa Cruz; nunca tomaron en cuenta el debido proceso, es decir el lugar de los hechos y su juez natural que debía instalar y presidir el juicio.

Tampoco respetaron la norma legal de la presunción de inocencia, a pesar de que en todo proceso que respete las normas de un juicio justo, es una garantía que presume la inexistencia de hechos que se imputan a los acusados, si es que no se producen pruebas concluyentes que prueben lo contrario.

Durante el juicio, cuando la defensa de los acusados con graves problemas de salud invocó ‘el derecho a la vida’, la respuesta del fiscal entonces asignado al caso Sergio Céspedes fue que “en Bolivia los tiempos políticos habían cambiado” y para simplificar su pensamiento agregó que “En la antigua Constitución Política del Estado se valoraba la vida. En esta nueva es Patria o Muerte” (Harold Olmos, “Labrado en la memoria”, por Susana Seleme, 3/6/17)

¿Qué mayor prueba de la perversión política de la justicia boliviana que esa declaración del fiscal del Estado plurinacional? Con estas premisas perversas, el gobierno de Evo Morales lleva adelante desde hace más de una década una estrategia de manipulación política del derecho contra cualquier sombra opositora, real o ficticia, que amenace su proyecto populista de perpetuación indefinida en el poder a cualquier costo.

Las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia posiblemente sean los aspectos más frágiles de los códigos penales en nuestros países; por lo mismo, son fácilmente corrompibles hasta terminar siendo sustituidos en los hechos por sus pares opuestos: la presunción de culpabilidad de los acusados (particularmente si son enemigos políticos) hace que los procesos judiciales atenten desde un inicio contra las garantías constitucionales, una de las cuales es que no se puede detener preventivamente a los procesados salvo por ciertos delitos y en circunstancias justificadas.

Es evidente que el costo humano en separación, aislamiento, desánimo es enorme. Tal vez no llega a destruir la autoestima de los imputados si perciben que buena parte de la sociedad condena el abuso político judicial del que son objeto a menudo en forma arbitraria y aberrante, pero es seguro que los afecta profundamente en sus vidas, al verse abruptamente separados de sus hijos, padres y demás seres queridos, y en muchos casos afecta su salud al verse aquejados por enfermedades relacionadas con la privación de libertad para moverse y salir al exterior, además del agravamiento de dolencias y malestares previos.

El derecho positivo tal como lo conocemos en el presente surgió hace un milenio en la Europa medieval para ser luego adoptado por los Estados modernos; por lo mismo, tiene una impronta cultural muy fuerte de las sociedades europeas donde se fue desarrollando a lo largo de los siglos, hasta ser también adoptado por los regímenes coloniales tributarios de los imperios europeos y luego por las nacientes repúblicas del nuevo continente en los siglos XVIII y XIX. De esta tradición occidental del derecho nacieron concepciones garantistas singulares tales como la presunción de inocencia y el debido proceso, aunque estas concepciones sean flores demasiado exóticas como para dar por sentada su aplicación juiciosa en los procesos judiciales administrados por los Estados latinoamericanos, incluido el Estado plurinacional de Bolivia. La distancia entre la codificación de la presunción iuris tantum en nuestro sistema jurídico penal y la aplicación de la misma en situaciones concretas siempre ha sido grande, pero podría argumentarse que se ha agrandado mucho más últimamente, incluso desde los períodos llamados “neoliberales”.

A la tradición jurídica occidental que incluye la presunción de inocencia y otras flores exóticas del derecho se les podría aplicar el dicho de Francisco Iraizós a propósito del Modernismo: “Empresa tan descabellada como cultivar orquídeas en la helada meseta de Los Andes”.

De todos modos, cuando estas presunciones garantistas son violadas sistemáticamente por la perversión del derecho en instrumento de persecución política, el mal ocasionado a la sociedad es abismal, pues el sistema judicial se convierte en lo contrario de su pretendida función de impartir justicia, se vuelve un mecanismo perverso de profundización de la iniquidad –ausencia total de justicia– en la sociedad.

El sistema judicial obsecuente con el gobierno autocrático emula en los hechos a la Santa Inquisición del feudalismo medieval decadente que perseguía a los herejes y brujas que se resistían a acatar los dogmas de la Iglesia Católica; hoy en nuestro país las brujas y herejes no son únicamente los políticos opositores sino todos aquellos que nos oponemos al desconocimiento de la constitución y las leyes por parte del Evocrata convertido en usurpador de la voluntad popular.

*Hernando Calla (El autor es editor/traductor independiente)

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