CIDH urge al gobierno investigar y sancionar a responsables de la muerte de 7 reos de Palmasola

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  urgió hoy al Estado boliviano a investigar y esclarecer las circunstancias en que mur...

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  urgió hoy al Estado boliviano a investigar y esclarecer las circunstancias en que murieron siete internos en el penal de Palmasola de Santa Cruz, y sancionar a los responsables de este hecho que sucedió el pasado 14 de marzo.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por el resultado del operativo policial realizado en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz (“cárcel de Palmasola”), Bolivia, que resultó en la pérdida de la vida de al menos siete internos y en aproximadamente 20 personas heridas, entre ellas, 7 policías", señala un boletín de prensa de este organismo.

"La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como a identificar y sancionar a los responsables", agrega el comunicado del órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

El viceministro de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, José Luis Quiroga, calificó como “exitoso” el “megaoperativo” policial llevado a cabo en Palmasola, cuyos resultados fatales son hoy cuestionados por la CIDH.

"Las autoridades del Estado tienen el deber ineludible de garantizar el buen orden y la seguridad interna en los centros de detención (...).Sin embargo, estos procedimientos deben practicarse de acuerdo con protocolos claramente establecidos en la ley, de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal de los reclusos, y sin un uso desproporcionado de la fuerza", indica el boletín.

La Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) cuestionaron la incursión violenta de la Policía y exigieron investigar la muerte de siete internos, de los cuales seis estaban con detención preventiva.
 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, restó importancia a esas críticas y respondió en los siguientes términos: "Algunos, por oponerse al gobierno, se ponen del lado de los delincuentes".

"La Comisión enfatiza que el Estado boliviano tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones deben estar orientadas a establecer las responsabilidades materiales e intelectuales de los hechos y la posible responsabilidad de autoridades, sea por acción u omisión", añade la CIDH.

Comunicado textual de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el resultado del operativo policial realizado en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz (“cárcel de Palmasola”), Bolivia, que resultó en la pérdida de la vida de al menos siete internos y en aproximadamente 20 personas heridas, entre ellas, 7 policías. La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como a identificar y sancionar a los responsables.

Según información de público conocimiento, el 14 de marzo de 2018 unos 2.300 policías desarrolló un operativo sin aviso previo en el Centro Penitenciario de “Palmasola”, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. De acuerdo con el Viceministro de Régimen Interior y Policía, el objetivo del operativo era reestablecer el orden y control en el penal, pues organizaciones criminales operarían al interior del mismo. La respuesta de los internos al operativo, habría sido violenta, debido a que emplearon armas y garrafas de fuego para evitar el avance policial.

A raíz de este operativo, el Comandante General de la Policía indicó que fueron desalojadas del penal, un centenar de mujeres y niños que habitaban la prisión. Asimismo, como resultado de las requisas practicadas, las fuerzas policiales habrían incautado, entre otros objetos, droga, armas blancas y de fuego, granadas de guerra, garrafas de gas licuado y destiladora de bebidas alcohólicas. De igual forma, fueron trasladados recursos considerados como “peligrosos” a otros recintos penitenciarios. Por su parte, la Comisión advierte que de acuerdo con testimonios de las mujeres desalojadas del recinto carcelario, éstas habrían sido golpeadas y despojadas de todas sus pertenencias.  Asimismo, observa que la Defensoría del Pueblo condena la fuerza empleada contra todos los internos del penal, e inició una investigación de oficio ante tales hechos.

Las autoridades del Estado tienen el deber ineludible de garantizar el buen orden y la seguridad interna en los centros de detención, y en ese sentido las requisas o inspecciones son un mecanismo necesario para decomisar de efectos ilegales o para prevenir tentativas de evasión. Sin embargo, estos procedimientos deben practicarse de acuerdo con protocolos claramente establecidos en la ley, de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal de los reclusos, y sin un uso desproporcionado de la fuerza. La Comisión enfatiza que el Estado boliviano tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones deben estar orientadas a establecer las responsabilidades materiales e intelectuales de los hechos y la posible responsabilidad de autoridades, sea por acción u omisión. Asimismo, el Estado debe proveer atención médica adecuada a las personas que resultaron heridas.

“Estos lamentables hechos que representaron pérdidas irreparables, toman lugar en una cárcel caracterizada por altos nivel de hacinamiento, y condiciones deplorables que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, dijo el Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández. “En este contexto, resulta preocupante que dicho recinto alojara también a decenas de mujeres con sus hijos e hijas. Los establecimientos penitenciarios deben brindar a las personas detenidas espacios que garanticen su vida y seguridad, pues se encuentran bajo la custodia directa del Estado”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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