Ser cooperativista minero

Alfredo Zaconeta Torrico Ni duda cabe que la reactivación minera ocasionada por la escalada de precios a partir del año 2003, trajo c...


Alfredo Zaconeta Torrico

Ni duda cabe que la reactivación minera ocasionada por la escalada de precios a partir del año 2003, trajo consigo no solo bonanza económica, empleos y reactivación de centros mineros que fueron silenciados con el DS 21060; también trajo consigo avasallamientos, enfrentamientos por intereses creados tal como se vivieron en Caracoles, Huanuni y hoy en Colquiri.

En los casos mencionados las circunstancias casi siempre fueron las mismas, cooperativistas en busca del dominio del yacimiento. En Caracoles (2004) lo lograron, en Huanuni (2006) no tuvieron éxito y hoy en Colquiri quieren medir fuerzas nuevamente.

Para entender mejor las causas de estos conflictos debemos inicialmente recordar que el cooperativismo tiene su origen en el sistema capitalista durante la primera fase de la industrialización, con el ideal de poder paliar la miseria provocada por este sistema mediante la “COOPERACIÓN” entre todos los afectados, organizándose en cooperativas de consumo, producción, ahorro y crédito.

En nuestro país; debido a su dependencia y atraso en el siglo XX, no pudo diversificar su economía y al ser un país donde predominaba la producción minera, no pudo absorber la mano de obra desocupada durante los periodos de crisis del sistema capitalista, los desocupados mineros recurren para sobrevivir a la caridad pública o la dotación de áreas mineralizadas para desarrollar trabajos como arrendatarios del Estado o el sector privado: así surgen las primeras cooperativas mineras en Bolivia.

En Bolivia la última crisis que repercutió de forma negativa en la minería fue la caída del precio de algunos minerales a partir de 1983, lo que dio posibilidad a que el MNR en 1985 ponga en marcha su “Nueva Política Económica” a través del DS 21060, despida a más de 20.000 mineros asalariados, cierre algunas minas y privatice otras. Además a través de este Decreto genocida da rienda libre a la libre comercialización y exportación de minerales, lo que hasta el momento se ha vuelto en uno de los principales incentivos para generar la informalidad en el sector minero a través de las cooperativas mineras y varios “empresarios” mineros.

En las primeras décadas del siglo XX el cooperativismo minero creció sin ley alguna. Esta ausencia de normas dejo librado crecimiento del cooperativismo. Este hecho es subsanado en alguna medida el 13 de septiembre de 1958, con la promulgación de la Ley de Sociedades Cooperativas, que recién entró  en vigencia el 1 de enero de 1959 y que paradójicamente, hasta la fecha no cuenta con una reglamentación, pese a varios intentos. 

Esta Ley tiene entre sus principales objetivos: “Regular el funcionamiento autónomo de las Cooperativas y diferenciarlas de las personas, servicios y asociaciones de capital con fines de lucro”

También: “Limitar a las sociedades lucrativas que, con el nombre de Cooperativas, estaban lucrando con las ventajas, exenciones y privilegios que otorgaba el Estado a este tipo de organizaciones”.

Como ya es de dominio público, estos objetivos en la actualidad han quedado en el papel y solo son recurrentes al momento del discurso, debido que en la actualidad las cooperativas mineras, la mayoría de ellas, han llegado a constituirse en pequeñas empresas privadas y en varios casos, como las cooperativas que operan en el Cerro Rico de Potosí se aplica el subempleo por parte de los socios del sistema cooperativo.

Es vox pupuli que en varios distritos mineros los socios de las cooperativas mineras no son los que precisamente trabajan al interior de la mina; estos sólo cumplen funciones de administración a través del rol de eternos dirigentes en las federaciones regionales, departamentales y la nacional. La consulta debería ser entonces de los 100 mil trabajadores del sistema cooperativo que aseguran ser, ¿Cuántos son socios verdaderos? y, ¿cuántos son empleados de los cooperativistas?.

Y es que, ser cooperativista minero en estos días se ha constituido en un buen rédito, ya que las ventajas que los gobiernos de turno han brindado a este sector las hace atrayentes, ejemplo:

Ley 1786: (Sánchez de Lozada - 1997) autoriza la enajenación de los activos de la COMIBOL a favor de las cooperativas mineras y otros en calidad de ventas al crédito y/o arrendamiento financiero. (Hasta el año 2006 las cooperativas mineras debían a la COMIBOL 12 millones de dólares y tramitaban su condonación)

DS 25910 (Banzer - 2000) incluye a la FENCOMIN para poder efectuar evaluaciones técnicas y asistencia técnica en las transferencias de activos de la COMIBOL.

DS 26318, 26354 (Quiroga - 2001), 26812 (Sánchez de Lozada - 2002) y 27358 (Mesa - 2004), establecen la vigencia del Programa Minero de Empleo Productivo I, II y III, mediante el cual el Estado a través de COMIBOL subvencionó a fondo perdido a las cooperativas mineras y minería chica la caída del precio de los minerales. Entre el 2001 y 2004 la COMIBOL subvencionó con 8.7 millones de dólares, así mismo creó el Programa de Empleo Minero de Emergencia que entre los años 2002 y 2005 significó una erogación de más de 2 millones de dólares.

DS 27137 (Sánchez de Lozada - 2003) que extingue las deudas de  las cooperativas mineras con el ex Banco Minero de Bolivia y el ex Fondo Nacional de Exploración Minera.

DS 27192 (Sánchez de Lozada – 2003) que modifica la estructura del directorio de COMIBOL de siete a ocho directores y se da la apertura – de manera inconstitucional- para el ingreso de tres directores nombrados por FENCOMIN. 

DS 27206 : (Sánchez de Lozada – 2003) que determina la condonación de deudas por concepto de multas e intereses por aportes al Seguro a Corto Plazo de las cooperativas a la Caja Nacional de Salud y autoriza a la COMIBOL el desembolso a fondo perdido de 896 mil bolivianos por aportes devengados de las cooperativas.

A esta pequeña muestra de medidas que favorecen a las cooperativas, se debe sumar las ventajas que  el actual gobierno también les otorgó: regaló compresoras, perforadoras, volquetas, ambulancias, retroexcavadoras, canchas, sedes sociales, ingenios, etc., a las diferentes cooperativas mineras asentadas en el país.

Las cooperativas también encuentran ventajas en el régimen impositivo minero en actual vigencia; a  diferencia de los operadores privados y estatal, el sistema cooperativo se encuentra exenta de pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Alícuota Adicional al IUE, el IVA, además, en el caso de las regalías mineras del 100% estipulado por la Ley 3787 a cada mineral, las cooperativas solo llegan a pagar el 60% tras el proceso de comercialización al cual están sometidos, además de trabajar en yacimientos “marginales” (tal como ocurre con los yacimientos auríferos).

El tema de previsión, mitigación y remediación ambiental es otro tema pendiente en el sector minero cooperativo, pese a las reiteradas intenciones del gobierno por normar este aspecto.

En el caso particular de Colquiri, los intereses de fondo de los cooperativistas quedaron al descubierto. La primera: la declaración del Senador Andrés Villca que señaló: “La cooperativa 26 de febrero, que opera áreas de Colquiri busca una empresa extranjera para explotar la veta Rosario”, esta aseveración provocó una justificada reacción de parte los mineros asalariados, que con movilizaciones lograron la salida de la empresa Sinchi Wayra de este distrito; sin embargo, las cooperativas pretendían el ingreso de otra. 

La segunda: las declaraciones del Presidente de FENCOMIN Albino García, quien ante las circunstancias afirmó: “Si hay una persistencia de parte de los trabajadores asalariados del distrito minero de Colquiri, no hay otra cosa que tomar también nuestra posición, indicando que esta será la cooperativización, ya existiendo un DS del año 1986, donde se establece la entrega total de yacimientos a las cooperativas”. Con ambas declaraciones los cooperativistas ratifican su posición de no estar en la línea del gobierno. Los cooperativistas socios de todos los gobiernos neoliberales y otros, solo pretenden fortalecer la presencia de las transnacionales mineras en calidad de socios a través de la reposición de la política económica del MNR dispuesta en 1986 con el DS 21060.

Las circunstancias están claras, las cooperativas mineras no son cooperativas, no cumplen las premisas del cooperativismo. Lenín decía: “La sociedad socialista es una cooperativa única”, de ahí que las cooperativas como expresión colectiva de la cooperación, simple o compleja e integral, serán predominantemente capitalistas dentro del sistema y deberían ser socialistas cuando se desarrollan dentro el socialismo, modelo del cual aún nos encontramos muy distantes. 

Un último apunte, en diversas declaraciones, algunas autoridades de gobierno solo manejan algunos datos sesgados. Hacen referencia al aporte por concepto de regalías mineras del pasado año señalando que: La Minería Estatal aporto $us 9,5 millones, la Minería Mediana (privada) $us 114,8 y las  Cooperativas $us 43,7 millones.

Sin embargo las autoridades omiten los datos que reporta el Impuesto a las Utilidades Específicas (IUE) que en el 2011 reportó las siguientes cifras: Minería Estatal $us 15 millones, Minería Mediana $us 234 millones y las cooperativas 0, equivalente a nada.

Nos ratificamos en asegurar que si el gobierno continúa insistiendo en mantener a los dos sectores mineros en conflicto en Colquiri, solo estará alentando a futuros conflictos con fatales consecuencias humanas y políticas, además de una alta condena de la opinión pública en general.

Alfredo J. Zaconeta Torrico es periodista
(http://juancutipa.blogspot.com)


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