¿Ley de comunicación o medios? ¿Para qué? Mejor Ley de Acceso a la Información y Medios Públicos

Andrés Gómez Vela (Ponencia enviada al Congreso de Comunicadores en Cochabamba) En 30 años de democracia, sucedieron algunas cosas...


Andrés Gómez Vela

(Ponencia enviada al Congreso de Comunicadores en Cochabamba)

En 30 años de democracia, sucedieron algunas cosas en materia de información y comunicación. Veamos:

  1. La información y la comunicación se constituyeron en componentes básicos de la democracia.
  2. La información y la comunicación adquirieron la categoría de derechos, es decir fueron positivados.
  3. El derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se terminaron de universalizar en beneficio del ciudadano.
  4. Los derechos a la información y comunicación se convirtieron en esenciales para el ejercicio de otros derechos.
  5. Nacieron nuevas formas de libertad de expresión, entre ellos, la protesta, las marchas o caminatas kilométricas, las crucifixiones, el cosido de labios y hasta los bloqueos de caminos.
  6. Se divisaron a los tres sujetos de esta trilogía jurídica: el sujeto organizado (la empresa privada); el sujeto cualificado (el periodista); y el sujeto universal (el ciudadano o ciudadana). En los últimos 20 años, nace un cuarto sujeto: el comunicador.
  7. Se aprobaron al menos 10 normas jurídicas para regular las relaciones jurídico-comunicativas y las relaciones jurídico-informativas entre el Estado y los medios de comunicación (personas jurídicas), entre el Estado y los periodistas (personas naturales), entre medios y periodistas, entre el sujeto universal, periodistas y medios; y entre ciudadanos y Estado.
    1. ¿Cuáles son esas leyes?
                                                              i.      Estatuto Orgánico del Periodista
                                                            ii.      Código niña, niño y adolescente
                                                          iii.      Ley de Telecomunicaciones (recientemente reformulado)
                                                          iv.      Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
                                                            v.      Ley de Régimen Electoral (Recientemente modificado)
                                                          vi.      Decreto Supremo de Radios Comunitarias
                                                        vii.      Decreto de Transparencia Informativa
                                                      viii.      Decreto Supremo de Acceso a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
                                                          ix.      Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
                                                            x.      Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, lucha contra la corrupción.

En 30 años de democracia, entraron en vigencia plena y en el bloque de constitucionalidad los tratados internacionales que garantizan el derecho a la información y la libertad de expresión, particularmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales contra toda forma de Discriminación.

En 30 años de democracia, se aprobó una nueva Constitución Política del Estado con un capítulo destinado a la comunicación. Es más, la nueva Ley Suprema contempla 11 artículos para regular las relaciones jurídico-informativas:

  • Artículo 21, derecho a la Libertad de Expresión y a la información
  • Artículo 24, derecho a la petición
  • Artículo 25, derecho a la privacidad en las comunicaciones
  • Artículo 30, derecho de los pueblos indígenas a crear y administrar medios de comunicación
  • Artículo 75, derecho de los usuarios y consumidores a la información fidedigna en materia de publicidad
  • Artículo 103, derecho a las nuevas tecnologías de información y comunicación
  • Artículo 106, derecho a la información, comunicación, libertad de expresión y cláusula de conciencia para los periodistas; derecho a la rectificación y derecho a la réplica para las audiencias.
  • Artículo 107, regulación de contenidos, exigencia de respeto a los principios de veracidad y responsabilidad, reconocimiento de los códigos de ética de los periodistas, la autorregulación y la regulación a través de su ley (por ahora la Ley de Imprenta); prohibición de monopolios u oligopolios y obligación del Estado a apoyar la creación de medios comunitarios.
  • Artículo 130, respeto al secreto de Imprenta.
  • Artículo 137, garantía de la vigencia del Derecho a la Información incluso en caso de estado de excepción.
  • Artículo 242, obligación de las autoridades a proporcionar información para facilitar el control social.

A esta arquitectura jurídica articulada en 30 años, se sumaron tres normas heredadas del siglo XX:

  • La Ley de Imprenta, que tiene virtudes y defectos; su principal fortaleza está en el tribunal de imprenta y su debilidad, en la constitución de éste.
  • El Decreto que garantiza la columna sindical, repuesto recientemente por el actual gobierno.
  • El Código Penal, que contempla los delitos contra el honor, el libelo infamatorio y prohíbe impedir la libre circulación de pensamientos por cualquier medio de difusión (libros, periódicos, radio, internet).
  • El Código Civil, que protege el derecho a la vida privada, a la vida íntima, el derecho a la imagen.
   
Por lo visto, casi todo el terreno mediático y comunicacional está normado, salvo tres áreas: 

  • El acceso a la información pública por parte del sujeto universal, lo que significa que se requiere una ley bajo las siguiente características:
    • Comprensión de la información como un bien jurídicamente protegido para garantizar la transparencia en la administración de la cosa pública.
    • Formulación de un sistema preventivo para evitar la violación del derecho a la información por parte del Estado.
    • Acceso del ciudadano o ciudadana a la información producida por las instancias estatales sin intermediarios, sean estos periodistas, relacionistas públicos o medios.
    • Obligación de la autoridad (electa o designada) local, departamental, regional o nacional, de proporcionar la información bajo sanción de incumplimiento de deberes constitucionales.
    • Definición de los plazos para cumplir la solicitud o petición de información de la ciudadanía.
    • Definición exacta de las excepciones para no proporcionar información.
  • Medios públicos para que éstos, que funcionan con los recursos de todos los bolivianos, dejen de ser aparatos de propaganda y se constituyan en espacios de comunicación al servicio de toda la sociedad. Se requiere una Ley bajo las siguientes características:
    • Concepción clara de medio público en el ámbito local, regional, departamental y nacional
    • Designación de los responsables de los medios estatales de forma transparente.
    • Participación de organizaciones competentes en la nominación de los directores de medios.
    • Participación de las asambleas Legislativa Nacional, Departamental o del Consejo Municipal en la fiscalización y nominación de los responsables de estos medios
    • Control social a través de representaciones democráticas en las instancias de decisión de los medios públicos.
    • Constitución de un directorio plural y diverso en la administración de los medios públicos
    • Limitación de propaganda oficial en la programación
  • Publicidad oficial y Autoridad de Aplicación  de Telecomunicaciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe a los gobiernos aplicar sistemas de control indirecto para limitar el derecho a la información, el derecho a la comunicación y libertad de expresión. Entre esos medios de control indirecto está la publicidad estatal, usada por los gobiernos para presionar a los medios hasta lograr quebrar su línea editorial y alinearlos en función del régimen de turno. Con una acción de esta naturaleza se pone en riesgo el derecho a la información y la libertad de expresión de la sociedad.
Respecto a la autoridad que distribuye las frecuencias, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos observó, en su informe del año pasado, que  esta autoridad (ATT) no debiera estar en manos del gobierno, como sucede ahora en la Ley de Telecomunicaciones, precisamente, porque representa otro riesgo de control indirecto de la libertad de expresión y el derecho a la información. Urge la Reforma de la Ley de Telecomunicaciones.

Ante este panorama jurídico, ¿qué regularía una Ley de comunicación o una Ley de Medios?

  • ¿Regularía las actividades de los comunicadores? Si fuera así ¿no sería acaso como regular la actividad de los arquitectos, ingenieros, sociólogos, politólogos? Algo así ya hace el Estatuto Orgánico del Periodista,  
  • ¿Sería el marco jurídico para elaborar políticas de comunicación destinados a perfilar el nuevo ser boliviano; superar los complejos históricos, vencer el resentimiento de una parte de la sociedad respecto a su historia; parir a un ser dialogante, consensual, capaz de sobreponer el interés común a su interés personal o de grupo? Pero para trazar esta política es necesario contemplar la educación. Por tanto, deja de ser un espacio exclusivo de comunicadores o de periodistas.
  • ¿Se regularían contenidos? Si fuera así, ¿acaso sería el camino legal para uniformizar los medios? La doctrina jurídica aconseja dejar los contenidos a la ética, debido a que el pensamiento no puede ser juzgado por otra persona, menos por un tribunal penal, salvo excepciones definidas como aquellas que se traducen en acciones racistas.
  • ¿Qué regularía una ley de medios? ¿La estructura propietaria (si ya está en la Ley de Telecomunicaciones)? Probablemente valga la pena discutir la inclusión de un artículo en alguna norma para garantizar la transparencia en las inversiones extranjeras en los medios escritos, y, evitar de ese modo, palos blancos y engaños a la sociedad. 
Es viable pensar en un Código de Comunicación para reunir en un solo cuerpo jurídico toda la materia informativa y comunicativa. Sin embargo, un instrumento de esta naturaleza no va a evitar que haya artículos particulares sobre comunicación y medios en leyes específicas.
Bajo la premisa de que las normas responden a un contexto político, ¿será posible en esta coyuntura aprobar una Ley de Comunicación o de medios debatido y consensuado? O la finalidad ¿es perforar la Ley de Imprenta, tan defendida por los gremios periodísticos y tan defenestrada por gobernantes y políticos?
Tras lanzar estas preguntas, me animo a plantear algunas conclusiones:
  1. La trilogía jurídica constituida por el Derecho a la Información, Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión, está garantizada al menos en tres tratados internacionales, la Constitución y casi 15 normas jurídicas, entre leyes y decretos.
  2. El sujeto organizado, es decir el medio/empresario, es una persona jurídica reconocida con derechos y obligaciones en las normas señaladas. Por ello, se prohíbe monopolios, se define estructuras propietarias (social comunitaria/indígena, privada y pública) y se limitan capitales extranjeros en los medios audiovisuales.
  3. El sujeto cualificado, el periodista, tiene una serie de normas que garantiza su trabajo y le fija obligaciones; no sólo eso, cuenta con leyes que respetan sus tribunales de ética e imprenta.
  4. El sujeto universal, el ciudadano, es el más débil y menos privilegiado por las normas vigentes, debido a que sufre excesos por parte de los dos anteriores sujetos y experimenta violaciones a su derecho a la información por parte del gobierno. Intuyo que este sujeto necesita la desmediatización de la trilogía jurídica para ejercer mejor sus derechos y cumplir sus obligaciones en el ámbito de las relaciones jurídico-informativas. Por ello subrayo la urgencia de discutir dos leyes: la de Acceso a la Información y de Medios Públicos.    

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