Golpe a la democracia y a la voluntad popular del pueblo paraguayo

                                                                                                      Asunción, 23 de junio de 2012 COMU...


                                                                                                      Asunción, 23 de junio de 2012

COMUNICADO PÚBLICO

Los motivos que siguen son los que fundamentan, para el Partido del Movimiento al Socialismo, la condición golpista del gobierno de facto de Federico Franco:

El juicio político, incorporado a la arquitectura Constitucional de la República del Paraguay con la Carta Magna de 1992, está pensado como una herramienta democrática en manos del pueblo para hacer efectiva la responsabilidad política de ciertos funcionarios (Presidente, Vicepresidente, Fiscal General del Estado, etc) por actos de gobierno que escapen a lo razonablemente esperado de su investidura.

En el caso de nuestro país tenemos que, habida cuenta de la usurpación de la voluntad popular por el Parlamento, la herramienta en manos de la ciudadanía para poner freno a eventuales desbordes del Ejecutivo y otros altos funcionarios, se convirtió en arma arrojadiza de una minoría en contra la voluntad popular.

Hablamos de minoría (concretamente, de los 115 parlamentarios que, en senadores y diputados, dieron vía libre al “juicio político”) debido a que ese Parlamento que en la institución republicana funge de representante del pueblo, ha perdido en nuestro país todo atisbo de legitimidad en cuanto tal.

Hace solo cuatro semanas tanto diputados como senadores minaron las endebles bases de su representatividad al apoyar dos impopulares medidas políticas: el rechazo al veto presidencial de aumento de 150 mil millones de guaraníes al TSJE y la postergación del tratamiento de la ley del desbloqueo de listas hasta el 2015. Estas decisiones impopulares llevaron a miles de personas a las calles y hundieron al parlamento en una profunda crisis de representatividad y a un gran desprestigio. El desprestigio llegó al punto tal de que los propios medios de comunicación empresariales cuestionaron con dureza el accionar parlamentario.

El parlamento, hoy, solo se representa a sí mismo. Los 115 parlamentarios que votaron por la destitución del Presidente Fernando Lugo no pueden arrogarse más representación que la suya propia. Así, 115 individuos impusieron su voluntad sectaria a los 700.000 ciudadanos que eligieron a Lugo como Presidente de la República.

En esto radica, precisamente, la esencia golpista de la farsa de juicio político que tuvo lugar ayer en el senado. Al cumplimiento farisaico de la letra de la ley, que reunió los 2/3 de los votos en ambas cámaras, se contrapone la total prostitución del espíritu de la normativa sobre el juicio político: el de salvaguardar la voluntad popular frente a actos tiránicos de los gobernantes.

Desde esa clave, asimismo, pueden comprenderse las aberraciones procesales que vician de nulidad toda la pantomima del parlamento.


Antes que nada, el primer incidente que compromete seriamente la legitimidad del “juicio político” al Presidente Fernando Lugo es el hecho de que su disparador (es decir, los enfrentamientos en Curuguaty que, el pasado viernes 15 de junio, llevaran a la muerte a 10 campesinos y 6 policías) no es sino un conjunto de hechos aún poco claros. La responsabilidad del Presidente sobre tales hechos está aún menos clara.

El irrespeto a las garantías procesales también fue la nota en el “juicio”. No solo el plazo perentorio (solo 24 horas tuvo el Presidente para organizar su defensa y 2 para exponerla) sino la publicación de una sentencia condenatoria previa a la propia exposición de la defensa (que atenta contra el principio constitucional y procesal de la presunción de inocencia), ponen serias dudas sobre la legitimidad y legalidad del proceso en su totalidad, y verifican a las claras la hipótesis del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Fernando Lugo.

Tampoco debe soslayarse, en este sentido, la ausencia de pruebas en la acusación (reducida a simples recortes de periódicos), ni tampoco el preescolar nivel del libelo acusatorio presentado por los fiscales del proceso.

Retomando el argumento del conflicto entre la letra y el espíritu de la constitución respecto al juicio político, en torno a la representatividad del actual Parlamento para llevarlo a cabo, queda evidenciado que la perentoriedad del proceso y la total exclusión del sentir ciudadano respecto al mismo se entienden en función a la absoluta carencia de legitimidad de la movida parlamentaria y del Parlamento mismo.

Solo un Parlamento consciente de su propia carencia de representatividad puede cocinar un juicio político entre gallos y medianoche, totalmente a espaldas de la ciudadanía. En nada afectaría al proceso el que, como es acorde a los plazos, se dé a la defensa siete días para preparar su alegato, a los acusadores la oportunidad de afinar los propios y a la ciudadanía la posibilidad adentrarse en el proceso y demostrar su parecer.

Todas estas acciones y omisiones configuraron un escenario golpista, que acabó no solo con el gobierno del Presidente Fernando Lugo sino con la primavera democrática de cambio que vivía el Paraguay.

El Partido del Movimiento al Socialismo desconoce al gobierno de facto de Federico Franco y llama a toda la ciudadanía a la movilización y resistencia pacífica a los asesinos de la democracia. A ellos los juzgará la historia y el propio pueblo, que más temprano que tarde retomará el rumbo de su destino y avanzará nuevamente hacia la construcción de un Paraguay en democracia.

                                                                                                                               Conducción Nacional

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Rimay Pampa: Golpe a la democracia y a la voluntad popular del pueblo paraguayo
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