¿Prohibir o motivar el uso de celulares en el aula?

El uso de celulares en el aula, ya sea de escuelas, colegios o universidades, está prohibido en nuestro país. Sin embargo, los expertos en el área, Claudia Muñoz y Fidel Alvarez, aseguraron en una entrevista con el programa Nunca Es Tarde que sería positivo fomentar el uso de este tipo de tecnologías para conectarse más con los estudiantes.

Claudia Muñoz es experta en políticas públicas de educación y tecnologías para educación y directora para America Latina y el Caribe de la ong Semillas de empoderamiento, que trabaja con la Universidad de Stanford.

Fidel Alvarez es comunicador, experto en tecnologías de información, comunicación y educación y ex coordinador de la red TIC Bolivia.

“Lo importante es informarnos y compartir con nuestros docentes y estudiantes que no podemos escapar a la tendencia del aprovechamiento de la tecnología móvil en las aulas, obviamente con objeticos pedagógicos”, comentó Muñoz.

“Prohibir el celular es un error. Más bien aprovechar lo que se tiene y las grandes ventajas de multimedia. No es una cosa de decir saquen, ‘feisbuqueen’ y ‘watsapeen’; sino aprovechar las nuevas plataformas móviles”, agregó la experta.

Muñoz también admitió que el principal problema es la situación de las escuelas públicas bolivianas.

“Tenemos estudiantes del siglo XXI pero los profesores, no. Hay una diferencia muy grande entre el contexto del profesor y del estudiante. Prohibir es una forma de defensa de su forma tradicional de hacer educación donde el profesor considera a los estudiantes como un dispositivo de almacenamiento masivo”, contestó Alvarez.

Los expertos también notaron que se equiparon las aulas con tecnologías como computadoras, pero que eso no implica que la pedagogía también se haya modernizado.

Muñoz sugirió además usar los recursos educativos abiertos (Open Educational Resources - OER) disponibles en la web, como Khan Academy, por ejemplo.

Escucha aquí la entrevista completa que incluye un análisis de la educación actual en Bolivia y más recomendaciones para incluir las tecnologías en el aula.

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Acusados de discriminación por hablar del “sombrero” de la ministra Paco

Nueve de los 15 opositores incluidos en la denuncia por discriminación de la Ministra de comunicación, Marianela Paco, pasaron al Ministerio Público.

Entre ellos se encuentran Claudia Bravo, asambleísta departamental de Unidad Nacional por La Paz; Julio Aliaga, sociólogo; y Jeanine Añez, senadora.

En una entrevista con el programa Nunca Es Tarde, los tres indicaron que la acusación es infundada y que es un ataque a la oposición, además de que es usada como una distracción.

“La verdad es que ni yo y creo que ni las demás personas conocemos aun el contenido de la acusación que ha salido del Viceministerio de descolonización. Me ha obligado a mirar la historia de mi Twitter, de mi Facebook, de mi blog. Encontré muchas cosas interesantes, he escrito bastante sobre racismo y discriminación pero más bien deberían haberme apoyado en la campaña que llevo hace años sobre este tema. Pero una cosa concreta, no tengo. Si se trata del sombrero, evidentemente he escrito cosas sobre el sombrero, pero cosas simpáticas, es mi opinión personal”, explicó Aliaga.

Por su parte Bravo contó que se enteró de la denuncia por los medios de prensa, no de forma oficial. “También revisé mi Twitter, qué cosa había puesto y ningún acto de discriminación, menos de racismo. Yo no me referí en ningún momento a ella (Paco), simplemente que había mucha gente que estaba cansada de tanta mentira y que el gobierno en lugar de trabajar se dedique a utilizar recursos del estado en denuncias a opositores”, agregó.

Tanto Aliaga como Bravo defienden su derecho a la libertad de expresión y que se los condena por dar su opinión. Agregan que tampoco se burlaron del sombrero de la Ministrar Paco.

A su vez, Añez lamentó que se esté perdiendo el tiempo en este tipo de situaciones que son “irracionales” cuando en el país hay problemas mucho más fuertes a los cuales prestarle atención. “En todo caso, nosotros tendríamos que sentirnos discriminados como oposición porque todo lo que viene por parte nuestra no vale. Yo no creo haberle faltado el respeto a la Ministra Paco”, añadió.

Escuche aquí la entrevista completa en la que Añez, Bravo y Aliaga hablan sobre la estrategia de defensa que usarán, además del (mal) uso de los conceptos de discriminación y racismo que hace el gobierno de Evo Morales.
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Evo pidió a Paco hacer un “librito” con las poesías que le componen, y ella cumplió

“Pedí a la Ministra de Comunicación que haga un librito de todas las poesías que hemos escuchado, algunas son composición de los mismos estudiantes, felicito esa iniciativa”, declaró el Presidente Evo Morales a fines de junio de este año. Dos meses y unos días después, Marianela Paco cumplió el pedido, el “librito” fue expuesto y difundido en la Feria Internacional del Libro de La Paz, que concluyó el pasado domingo.
El “librito” titula “El proceso de cambio hecho verso” y, según el subtítulo, en el texto están registradas las poesías en actos de entrega de obras donde participó el Presidente.
Los primeros días de julio, asambleístas de la oposición pidieron que la publicación del “librito” sea pagada con dinero de Morales y no del Estado.  "Lamento que el Presidente quiera satisfacer sus caprichos a costa de los impuestos de los bolivianos. Puede compilar las poesías, las canciones y las marchas que quiera,  pero que lo haga con su plata”, dijo el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría.

Según Página Siete, la senadora Patricia Gómez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sugirió dar prioridad a asuntos de Estado y no así a caprichos del Primer Mandatario. "Que se ocupe de publicar otros documentos, una investigación técnica de las aguas del Silala. Eso lo veo mucho más fructífero que estar mostrando en una compilación los elogios que él quiere oír”, indicó.

En la contratapa del libro está el logo del Ministerio de Comunicación.

También por ese tiempo de medio año, el diputado Javier Zavaleta, del Movimiento Al Socialismo (MAS), no descartó la posibilidad  de pagar el futuro libro de poemas para Evo con dinero del Estado.

"No es un tema del Presidente, es un tema de la niñez; el objetivo es publicar todo lo que los niños y niñas escriben. Así que sí, me parece una bonita inversión que hace el Estado”, manifestó Zavaleta.

El vicepresidente de la Cámara de diputados, Víctor Borda, (MAS) respaldó la idea de Morales y explicó que  los estudiantes escriben composiciones, poemas y cartas a Evo porque es una persona que  hace historia  y que marca  profundamente  en la vida de los bolivianos. "Lo ven como alguien que se ha superado, un ejemplo de vida, no sólo en el ámbito político sino en el  deportivo”, afirmó a Página Siete.
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Margarita: Han matado a mi esposo (minero) como a un perro; ¿con qué voy a mantener a mi wawita?

Rubén, su bebé (hoy huérfano) y Margarita

Pocoata, 14 de septiembre 2016. Radio PIO XII (Yolanda Choque).- Margarita Condori se casó hace dos años con Rubén Arapaya, fruto de esa relación nació un bebé, que hoy tiene justamente dos años. Ambos son de la comunidad de Chawisa, Pocoata, provincia Chayanta, departamento de Potosí.

Margarita pidió encontrar y sancionar a quienes dispararon a su esposo. “Me lo han matado como a un perro, tiene que haber justicia”, dijo ante los micrófonos de Radio PIO XII. 

Margarita contó que se fue con su esposo a Viloco, departamento de La Paz, por razones de trabajo. 

Recordó que la mañana del jueves 25 de agosto fue la última vez que escuchó la voz de Rubén mediante el teléfono celular. Habló con ella y con su hijito, les dijo que se encontraba bien y que en la tarde de ese día volvería a llamarle.
 

Sin embargo, horas después, cuando se encontraba en la casa de su hermano, recibió la noticia de que su compañero de vida había muerto baleado en el punto de bloqueo.
 

Margarita dejó recién Viloco porque “ya no tenía plata para mantener" a su hijo de dos años. 

Ella repitió una y otra vez: “no puede morir como perro, pedimos justicia. Tengo una wawita, no tengo trabajo con qué voy a mantener a mi hijito”.
 

Durante los días del conflicto, el Defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo a la prensa que "se recogieron testimonios en Viloco y otras poblaciones cercanas, y lo que dicen los comunarios es que un policía se hizo ver con arma de fuego, luego los mineros se agacharon y ahí hubo algunos impactos. Este es el informe preliminar que se tiene".

Los otros dos mineros que murieron baleados son: Severino Ichota y Fermín Mamani Aspeti.
 

¡Justicia! es el pedido de Margarita Condori, esposa de Rubén Aparaya, cooperativista fallecido en último conflicto minero
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Denuncian red de trata y tráfico de mujeres en el local nocturno Katanas

Nohemí Cámara denuncia que Marco Cámara, su padre y dueño del local nocturno Katanas, tiene una red de trata y tráfico de mujeres y fue denunciado ante el Ministerio de Gobierno y la Felcc.

“Del Ministerio de Gobierno recibí la respuesta para una cita el 20 de enero. Me reuní con el asesor del ministro y después de eso nunca más se volvieron a contactar. Quería que me ayuden porque no quería ir a la policía porque tenía miedo de que la información se filtre y la vida de mi familia corra peligro”, contó Nohemí y agregó que su padre tiene mucho poder y protección debido a sus relaciones de amistad con personas de altos cargos.

“El caso ahora está con la fiscal De La Riva en el Ministerio Público contra esta red de trata y trafico que existe en nuestro país”, explicó.

Entre las pruebas que presenta la denunciante se encuentran fotocopias de los pasaportes de muchas mujeres de Cuba, Colombia, Paraguay que han sido traídas a Bolivia, de los pasajes de Marco Cámara viajando a Colombia y otros documentos. 

“La señora Mirna Santos, actual pareja de Marco Cámara, aprovechando su nacionalidad brasilera, es la que ayuda a reclutar mujeres en el Brasil”, agregó.

Nohemí contó además su propio testimonio. Entre lágrimas, recordó que desde los 15 años su padre le obligó a trabajar en Katanas. “Es ahí que he podido lastimosamente observar la trata y trafico que existe ahí adentro, el modus operandi que tienen estas personas para atraer y contactar estas mujeres, para traerles a trabajar aquí”, dijo.

Detalló que Gustavo Fernández, mano derecha de Marco Cámara, contacta personas en el extranjero para que recluten mujeres y viaja. Luego traen a las mujeres a Bolivia, les quitan sus documentos y las obligan a trabajar como prostitutas en distintos locales del país.

“Porque Marco Cámara no solamente es dueño del local Katanas, es dueño del Cesar’s Palace que tuvo tanto problema en Llojeta, que está buscando abrirlo nuevamente y del Red Lips en Santa Cruz”, detalló.

Nohemí denunció también que Katanas tiene la licencia de funcionamiento, otorgada por la Alcaldía, vencida el año pasado pero sigue funcionando.

Escuché aquí la entrevista completa con Nohemí Cámara, además de testimonios sobre la vida que llevan las mujeres extranjeras que son obligadas a trabajar como prostitutas.
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Continúa la construcción de la carretera que atraviesa el Tipnis

“El gobierno la está haciendo (la carretera) calladito, silenciosamente, camuflados como camino vecinal, pero no es”, aseguró Raquel Moye, pobladora del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).

Moye aseguró en una entrevista con el programa Nunca Es Tarde que hasta el momento se construyó el tramo entre las poblaciones de Santo Domingo y San Ignacio, en la zona de Secure Alto.

Ella vive en la región sur del Tipnis, en la población de San Ramoncito, ubicado en la frontera del polígono 7, región hasta donde ingresaron los cocaleros.

“Otra vez, con fuerza, al lado de San Miguelito del Isiboro han penetrado los cocaleros. Ellos ven que nuestro territorio es grande. Lo cuidamos mucho porque ahí tenemos nuestra riqueza, somos ricos, tenemos nuestra comida, agua”, contó Moye.

Sin embargo, agregó que la construcción de la carretera cambiará la forma de vida de su comunidad y de sus vecinos. “Pero cuando pase la carretera por el medio del Tipnis ya no vamos a ser felices, vamos a tener otra vida”, lamentó.

Agregó que el mismo Evo Morales fue a la región para ofrecer y llevar proyectos, pero que estos no continuaron.

Además, aseguró que los pobladores continúan organizados y harán protestas si la construcción continúa. “La organización está más fortalecida, igual estamos calladitos, pero donde se está haciendo la carretera bien hacemos la marcha o hacemos parar los trabajos. Que el gobierno de la cara ahí, a nosotros no nos asusta”, explicó Moye.

Reiteró que no se oponen a la construcción de la carretera pero sí a que pase por medio del Tipnis. “Nosotros no decimos que no pase, pero que pase por otro lado donde no nos afecte, no por el medio, que haga por un lado o por las orillas. Pero sabemos que adentro le conviene, ahí está la riqueza, eso es lo que pretende”, aseguró.

Escuche aquí la entrevista completa y más testimonios sobre la carretera como amenaza para la vida de cientos de indígenas.
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Ex funcionario de la Defensoría del Pueblo asegura no haber sido entrevistado por medios argentinos

La noticia salio en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, un informe asegura que se venden niños bolivianos en la frontera con Argentina. Las publicaciones citan como fuente el reportaje del Foro de Periodismo Argentina (Fopea) que cita, a su vez, a Jorge Oporto Ordoñez, a quien se le nombra como ex Defensor Departamental de Potosí.

En ese sentido, el programa Nunca Es Tarde entrevistó a Oporto para conocer su versión después de que autoridades de Potosí lo acusaran de no haber llevado los casos ante la justicia. Explicó que en esas fechas, su cargo era Jefe nacional de programas y actuaciones especiales del Defensor del Pueblo, del 2010 al 2012.

“Nunca me he contactado con ningún periodista argentino para decir sobre que se venden niños. Solo participé en un seminario en Villazón con la Consul de Argentina, Reina Sotillo. Ahí hablamos de este tema. Solo hablamos de un caso que se encontró y que ya tenía sentencia en el juzgado de Villazón, en el que una señora vendió a su hija por una suma de Bs. 5000, la sentencia era del 2011, el único caso”, explicó.

Oporto indicó que debido a su cargo realizó investigaciones donde encontró que antes del 2011 no había control fronterizo del paso de niños bolivianos hacia Argentina, Chile y Brasil. “En un foro se habló de la temática de trata y tráfico. Posteriormente a eso conformamos una red nacional de lucha contra la trata. Esta nota (http://www.eltribuno.info/trata-personas-el-norte-otro-flagelo-crecimiento-n267197 la fuente en que se basan las recientes publicaciones) salió en 2013 y yo ya no trabajaba en el Defensor del Pueblo”, agregó.

Escuche aquí la entrevista completa con Oporto y cifras sobre la trata y tráfico de personas en el país.
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Reglamento de Etica obliga a pedir licencia a senadores con sentencia

El proyecto de reglamento de ética de la Cámara de Senadores, en caso de ser aprobado sin modificaciones, obligará a pedir licencia a los senadores con sentencia de autoridad jurisdiccional competente.



El inciso “n” del artículo de 6 de este reglamento establece como un deber: “solicitar al pleno de la cámara de senadores licencia temporal en caso de tener sentencia emitida por autoridad jurisdiccional competente para asumir defensa en igualdad de condiciones hasta que se esclarezca su situación procesal”.

Montes y Murillo tienen sentencias en primera instancia. 

El asambleísta del MAS fue sentenciado por el juez tercero administrativo de La Paz, Eduardo Condo, quien ordenó que Montes devuelva al Estado 21 mil dólares que cobró de manera ilegal, cuando renunció como trabajador de la Empresa Minera Huanuni.

El representante de la oposición fue sentenciado por el Tribunal Quinto de Sentencia, que dictó dos años de cárcel por el delito de uso de instrumento falsificado (libreta de servicio militar).

El inciso “l” del artículo 10 establece como falta gravísima “no solicitar al pleno de la cámara de senadores licencia temporal en caso de tener sentencia emitida por autoridad jurisdiccional competente”.

El artículo 8 del reglamento, que puede ser aprobado en las próximas horas, indica que la licencia temporal debe ser solicitada por el término de 6 a 12 meses, pudiendo ser ampliada por un término similar hasta que se esclarezca la situación procesal. Además, durante el tiempo que dure la licencia, no recibirá remuneración.



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